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Denuncia y respuesta sobre negación de matrícula en la U.E Pompeya

Una madre denunció que su hijo fue víctima de discriminación, por ser de otra creencia religiosa, al haberle negado la matrícula para su hijo de 5 años, en la Unidad Educativa Nuestra Señora de Pompeya.

  Según cuenta la ciudadana Jazmín Garófalo, desde el mes de mayo viene buscando un cupo para su hijo y en junio, le solicitaron la carpeta para ser revisada. La novedad se genera durante la entrevista personal, con la rectora hna. Guillermina Carrión, le preguntaron a qué religión pertenece y pese a que otras madres le aconsejaron que diga que es católica, Jazmín prefirió decir la verdad, es decir, que es cristiana-evangélica, la religiosa cambió de actitud y le dijo que el cupo está negado porque es el establecimiento es católico y que no aceptarán a nadie que sea de otra religión. VER DENUNCIA .

   La madre se siente decepcionada y víctima de discrimen. Procedió a poner en conocimiento de la autoridad distrital de educación. Al estar estudiando abogacía, citó el artículo 3 de la constitución, que garantiza el efectivo goce de los derechos, educación, salud, alimentación. Ya no desea el cupo porque perdió la confianza en la institución, pero si desea dejar un precedente y que los derechos sean respetados.

  De su parte, la rectora de la UE Nuestra señora de Pompeya, Guillermina Carrión, sostuvo que el plantel tiene sobredemanda de cupos y que no se puede receptar a más estudiantes. Desestimó la denuncia presentada y aduce que hay personas que emiten muchos argumentos, porque quieren que se les acepte a la fuerza. Aunque recalcó que el establecimiento es fisco misional regentado por el Vicariato Apostólico que es católico, sin embargo, si hay “uno que otro” estudiante de otra creencia religiosa.

  El director Distrital de Educación Juan Vallejo, al ser consultado, dio conocer que como junta distrital de resolución de conflictos se procedió a tomar el procedimiento correspondiente según el art.132 literal r. (negar matrícula a estudiantes por razones de embarazo, progenitud, maternidad, discapacidad, orientación sexual, nacionalidad, y/o creencia religiosa). Está en marcha la investigación y un proceso sancionatorio con los respectivos espacios para el derecho a la defensa tanto de la presunta víctima como de la presunta victimaria. En caso de detectarse la veracidad de la denuncia, la ley estipula una sanción económica de 1 a 20 salarios básicos dependiendo la magnitud de la infracción cometida. 

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